En el Pleno del pasado día 29 de febrero, Unión Progreso y Democracia expuso su valoración sobre las diferentes alternativas que el Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Tres Cantos, presentó sobre El Tagarral. Dada la importancia del tema y sus posibles consecuencias, nos parece importante difundir a la ciudadanía los fundamentos de nuestra postura en este asunto.

Lo primero que cabe concluir, después de realizar el análisis de los hechos ocurridos a lo largo de estos 25 años, es la existencia de responsabilidad política de todos los partidos que han estado al frente de la Comunidad de Madrid y de los Ayuntamientos de Colmenar Viejo y de Tres Cantos: PSOE, PP, IU y TCU. Con su mala gestión, han permitido que una indemnización  fijada en casi 19 millones de euros se haya convertido en 59 millones, por los intereses generados en estos 25 años.

Nos parece especialmente grave que una vez que el Tribunal Supremo dictó una sentencia en el año 2007, sin posibilidad de recurso, ninguna administración cogiera el toro por los cuernos para buscar una solución o llegar a esos pactos, que ahora parecen tan fáciles de conseguir.

Tampoco hubo reacción ninguna cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, apercibió a las tres administraciones para la ejecución solidaria de la indemnización fijada, ni cuando estableció un plazo de 15 meses como límite para su ejecución.

Ha sido en el Pleno del 29 de febrero, fecha en la que ya habían vencido todos los plazos  concedidos por el Tribunal, cuando el Grupo de Gobierno reacciona en busca de soluciones.

Muchas son las preguntas sin respuesta:

¿Por qué no se hizo en el año 2007, tras la sentencia del Tribunal Supremo?

¿Por qué, gobernando el mismo partido y el mismo Alcalde, no se ha hecho ninguna provisión o Plan de Pagos desde el año 2007 e incluso con anterioridad?

¿Qué atractivo tiene para los propietarios de El Tagarral que en un plazo máximo de 42 meses se recalifique su propiedad como urbanizable, cuando el AR Nuevo Tres Cantos va a producir una gran y variada oferta inmobiliaria?

En UPyD consideramos que la sentencias hay que cumplirlas de forma diligente, siendo, en cualquier caso, las administraciones públicas las moralmente obligadas a dar un buen ejemplo en cuanto al respeto y cumplimiento de los fallos judiciales.

El planteamiento del Grupo de Gobierno nos parece un trágala, ya que obliga a optar por una de  tres propuestas, ninguna de las cuales nos parece positiva ni beneficiosa para los tricantinos. Analicemos las tres propuestas:

Propuesta 1ª: Pagar la indemnización dineraria entre las tres administraciones.

En los términos en que está planteada sería una grave irresponsabilidad política votar a favor de esta propuesta, pues, como indica el Secretario del Ayuntamiento de Tres cantos en sus informes, supondría el inicio de un concurso de acreedores, puesto que el Ayuntamiento no puede hacer frente ni a una parte de esa indemnización y es absolutamente inasumible el pago directo por parte de los vecinos. Por otra parte, según revela el informe de la Interventora, no ha existido ni existe previsión presupuestaria alguna para hacer frente a la misma, lo que para nosotros es una manifestación evidente de la mala gestión. Como la responsabilidad es solidaria, si no hay acuerdo entre las tres administraciones, como se ha puesto de manifiesto, si lideráramos esa opción, habría que hace frente a los 59  millones de euros.

Propuesta 2ª: No hacer frente a la sentencia y asumir que el Tribunal va a proceder al embargo de bienes patrimoniales no afectos a servicios públicos y/o a la imposición de sanciones, incluso con apertura de procesos penales contra los “funcionarios responsables”. 

Hay que matizar que la providencia de 2010, señala no sólo los funcionarios, sino también y en primer lugar, a las autoridades responsables. Se ha omitido un detalle importante.

Esta solución podría ser aceptable, siempre y cuando se ejecutara la sentencia contra tres administraciones, lo que permitiría que se depuraran responsabilidades por la mala gestión del problema.

Por otro lado, si lo embargado son bienes patrimoniales, su valoración sería por debajo del valor  de mercado, con lo que la pérdida económica resulta evidente.

Propuesta 3ª: Promover un acuerdo con las otras Administraciones condenadas y los ejecutantes.

Dicho así, puede parecer incluso razonable. Sin embargo, analizándola en detalle, la consideramos una solución torticera, pues representa un primer paso para llegar a un Acuerdo Urbanístico de Planeamiento, que es nulo de pleno derecho a la vista del artículo 245 de la Ley del Suelo 9/2001 de la Comunidad de Madrid. Aunque es verdad que no es lo que votamos en este momento, es lo que subyace en la propuesta.

En UPyD consideremos que, en ningún caso, se debe cambiar un Plan Urbanístico para dar cumplimiento a una sentencia.

Cualquier cambio en un Plan Urbanístico debería establecerse en base a unas necesidades desde el punto de vista social y económico. El desarrollo del AR Nuevo Tres Cantos con un número previsto de 6.900 viviendas, nos hace pensar que Tres Cantos a corto, medio e incluso largo plazo, no tiene necesidad de nuevos desarrollos.

¿Es que han desaparecido los motivos por los que en 1987 y en 2003 se declararon no urbanizables esos terrenos? ¿Han desaparecido también los motivos por los que en una moción de septiembre de 2005 el Ayuntamiento de Tres Cantos se ratifica en la calificación de no urbanizables?

Es evidente que los Tribunales han determinado el perjuicio económico que los propietarios sufrieron con la recalificación y en eso se basa la indemnización fijada, pero NADIE ha dicho que la recalificación se hiciera contraviniendo la legislación.

Entrando en el análisis de los borradores de los acuerdos de este Ayuntamiento con el de Colmenar Viejo y con la Comunidad de Madrid tenemos que decir que las “compensaciones” que se proponen nos han dejado perplejos. La autorización para construir una carretera que una a Tres Cantos con la M104 desdoblada, carretera que une Colmenar Viejo y San Agustín de Guadalix, el uso del cementerio de Colmenar y la plantación de árboles por la Comunidad de Madrid no consideramos que compensen una posible recalificación cuyas consecuencias para los tricantinos son imprevisibles.

Hay que destacar que toda la oposición votó en contra de esta solución y que tanto UPyD como el  PSOE e IU-LV, propusimos soluciones alternativas al problema y cuya “admisión de urgencia”, para poder ser debatida cada una de ellas, fue apoyada sistemáticamente por los 8 concejales de la oposición y sistemáticamente rechazada por los 13 concejales del Grupo de Gobierno.

Nuestra propuesta, se basa en la consideración de que la Comunidad Autónoma de Madrid, es la única con capacidad financiera para hacer frente a una indemnización de casi 59 millones de euros, por lo que es la que debería ponerse al frente de la solución dando cumplimiento a la sentencia para, a continuación, llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Colmenar Viejo y el de Tres Cantos y así resarcirse de la parte que correspondiera a cada una de esas administraciones. Para ello, sería necesario que, previamente, las tres administraciones concernidas se pusieran de acuerdo en las compensaciones.

La Comunidad de Madrid, por su posición dominante, está en condiciones de forzar a las otras dos un acuerdo equilibrado, no siendo necesario pacto alguno con los ejecutantes. Esta solución daría cumplimiento inmediato a la sentencia evitando el incremento de las cuantías adeudadas.

Después de un largo proceso judicial que tuvo su origen hace casi 25 años, que para la mayoría de la población de Tres Cantos resultaba desconocido, y que ha recobrado actualidad por la carta enviada por el Concejal de Urbanismo a los tricantinos, nos ha parecido pertinente, tras el estudio de la información en nuestro poder, hacer este relato de los hechos para general conocimiento de los ciudadanos.

20/07/1967 Presentación del Plan Parcial de Ordenación de Soto de Viñuelas a la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid (COPLACO).

20/12/1972 COPLACO deniega la aprobación de la 2ª y 3ª fase de dicho Plan.

13/11/1975 El Tribunal Supremo aprueba por silencio administrativo positivo el Plan Parcial.

06/09/1982 Se deniega la aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la 2ª y 3ª fase.

07/12/1983 La Consejería de Ordenación del Territorio, Medioambiente y Vivienda de la Comunidad de Madrid, que había asumido las competencias de COPLACO, acuerda incoar expediente para la declaración del presunto incumplimiento del Plan Parcial de Ordenación de Soto de Viñuelas en la 2ª y 3ª fase de ejecución.

05/03/1987 Aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo, donde se clasifica el suelo de las fases 2ª y 3ª del Plan Parcial de Ordenación de Soto de Viñuelas, como suelo no urbanizable, una parte de protección agrícola de regadío y el resto de protección ecológica.

A raíz de esa decisión, los propietarios de los terrenos presentan un contencioso-administrativo formalizado el 2 de marzo de 1989, contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

21/03/1991 Segregación del municipio de Tres Cantos del término municipal de Colmenar Viejo.

17/07/1992 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que condena a la Comunidad Autónoma de Madrid, al Ayuntamiento de Colmenar Viejo y al Ayuntamiento de Tres Cantos de forma solidaria. En ella se fijan las bases para el cálculo de la indemnización, pero no su cuantía.

Es de destacar que el puntos séptimo y octavo de los Fundamentos de Derecho, de esta sentencia, se indica claramente que ha sido el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, con su falta de actividad y oposición sistemática a la puesta en marcha del Plan Parcial, el que ha impedido la aplicación de las normas urbanísticas vigentes en el momento de tratar de llevarse a cabo la urbanización de las fases 2ª y 3ª de Soto de Viñuelas conforme al Plan Parcial.

Asimismo, en el punto noveno, el Tribunal motiva, entre otras, la responsabilidad solidaria de las administraciones demandadas en la mayor idoneidad del sistema solidario para obtener una pronta y segura indemnización.

02/02/1999 Confirmación, por el Tribunal Supremo, de la sentencia de 17/07/1992. No ha lugar al recurso de casación.

22/11/1999 Se solicita la ejecución de la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

04/09/2001 Auto de Tribunal Superior de Justicia de Madrid para la práctica de prueba pericial para la fijación de la indemnización.

16/07/2002 Informe de valoración de la Perito, en el que se fija como fecha de inicio para la valoración 5 de marzo de 1987.

11/03/2003 Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid donde se fija la cuantía de la indemnización en 18.823.724,96€, y con los intereses acumulados desde el día 05 de marzo de 1987 hasta 11/03/2003 eleva la cuantía de la indemnización a 42.432.884,54 €, siendo los intereses legales de demora 23.528020,73 €. A partir de esta fecha se seguirán generando los intereses legales correspondientes.

07/05/2003 La Comunidad Autónoma de Madrid aprueba definitivamente el PGOU de Tres Cantos. Sin embargo, en su notificación, manifiesta reserva sobre la clasificación del suelo no urbanizable de protección, por lo que aplaza, entre otros, la aprobación de estos terrenos en base al Informe de la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional de 06/05/2003.

29/09/2005 Moción conjunta de todos los Grupos del ayuntamiento oponiéndose a que como consecuencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya que recalificar de nuevo El Tagarral como suelo urbanizable. La moción fue aprobada por todos los Grupos, a excepción de APTC, que se abstuvo.

28/05/2007 Sentencia del Tribunal Supremo desestimando los recursos de casación presentados por todas las partes.

12/05/2010 El Tribunal Superior de Justicia de Madrid requiere a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Colmenar Viejo y al Ayuntamiento de Tres Cantos para la ejecución solidaria de la indemnización fijada. Y apercibe a las tres administraciones para el caso de no ejecutarlo que se podrá:

• “Imponerse multas coercitivas de 150,25 a 1.502,53 € a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos de esta sala, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución de la resolución judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiera lugar.
• Deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.
• Decretar el embargo de bienes patrimoniales de titularidad de dichas administraciones, en la medida suficiente para responder de la cantidad por la que se despacha ejecución”.

24/11/2010 El Tribunal Superior de Justicia de Madrid establece, a petición de la parte ejecutante, la suspensión temporal de la ejecución de la sentencia por 15 meses, hasta el 29/02/2012. Los intereses legales de demora continúan incrementando la cuantía adeudada, que en esa fecha ascenderán a 58.858.879,98 €, según nuestros cálculos.

02/02/2012 El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Tres Cantos remite una carta a los vecinos informando del inminente vencimiento del plazo definitivo, y esbozando tres alternativas para la resolución del problema.

29/02/2012 Fecha de terminación del plazo establecido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para la ejecución de la sentencia, y celebración de Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Tres Cantos.

Además de todos estos datos anteriores, hemos tratado de recopilar la lista de las personas que durante todo este tiempo desempeñaron y desempeñan los cargos de máxima responsabilidad política:

Presidentes de la Comunidad Autónoma de Madrid

1983 – 1995	Joaquín Leguina Herrán	(PSOE)
1995 – 2003	Alberto Ruiz Gallardón	(PP)
2003 –  ……	Esperanza Aguirre y Gil de Biedma	(PP)

Alcaldes Ayuntamiento de Colmenar Viejo 

1983 – 1987	Armando Jusdado López	(PSOE)
1987 – 1988	Juan Manuel Masilla	(AP)
1988 – 1991	Armando Jusdado López	(PSOE)
1991 – 1995	Juan Manuel Masilla	(PP)
1995 – 2011	José María de Federico Corral	(PP)
2011 – …..	Miguel Ángel Santa María Novoa	(PP)

Alcaldes Ayuntamiento de Tres Cantos 

1991 – 1992	Antonio Osuna Márquez	(TCU)
1992 – 1995	José Luis Rodríguez Eyre	(TCU)
1995 – 1996	Natalia Pérez	(PP)
1996 – 1999	José Luis Rodríguez Eyre	(TCU)
1999 – 2000	Pedro Uruñuela	(PSOE)
2000 – 2007	María de la Poza	(TCU)
2007 – …..	José Folgado Blanco	(PP)

Concejales de Urbanismo Ayuntamiento de Tres Cantos 

1999 – 2000	María de la Poza	(TCU)
2000 – 2003	Juan de Andrés Díaz Guerra	(PP)
2003 – 2003	Rafael Vázquez	(PP)
2003 – 2007	Carmen Camón Alamán	(PP)
2007 – …..	Jesús Moreno García	(PP)

Unión, Progreso y Democracia considera fundamental que los ciudadanos tricantinos dispongan de la máxima información para que obtengan sus propias conclusiones.

En el próximo Pleno ordinario, que se celebrará el próximo miércoles 29 de febrero de 2012, UPyD defenderá la postura que consideremos más beneficiosa para Tres Cantos.

El pasado martes, tuvimos Comisión Informativa para el Seguimiento y Control de las Contrataciones. En dicha comisión se abordaron varios temas, pero hubo uno que acaparó la atención por parte de los presentes, se trataba de analizar el estado en el que se encuentra el Centro Deportivo Islas, que se gestiona a través de una concesión administrativa.

La empresa gestora, desde septiembre de 2010, no está cumpliendo sus compromisos y, al parecer, no va a continuar en el futuro. Desde nuestro punto de vista ha existido una grave irresponsabilidad por parte del grupo de gobierno y en particular del Concejal de Deportes no habiendo realizado un seguimiento adecuado de esta concesión, máxime existiendo un informe negativo por parte de Director-Gerente del Área de Deportes, y los impagos se han ido acumulando llegando a una situación insostenible, acumulando una deuda con el Ayuntamiento del orden de los 200.000 €.

Nuestra opinión sobre este tema, una vez analizado el pliego de condiciones, es que se trata de unas condiciones que en las circunstancias actuales hacen difícilmente viable el sistema de concesión, puesto que los ingresos previsibles difícilmente permiten soportar los costes de gas, energía eléctrica y agua, los más importantes, que unidos a los costes de personal que esta empresa concesionaria proponía, resulten absolutamente incompatibles con la obtención de beneficio, que es la razón por la cual una empresa puede estar interesada en la explotación; a no ser que haya otros intereses ocultos. Por lo tanto, pensamos que lo más procedente es rescindir el contrato y replantearse la forma de explotación.

Si seguimos interesados en continuar con este sistema de explotación debería hacer un nuevo concurso en base a hipótesis realistas (a día de hoy es posible realizarlo con datos reales) que posibiliten una explotación ordenada de estas instalaciones.

La grave situación que padece nuestro país, está provocando hasta el cierre de los Centros de Especialidades Médicas, por falta de recursos. Éste es el caso del Centro de Especialidades Médicas de Fuencarral, en el que habitualmente hemos sido atendidos los tricantinos.

Ocurre que, al parecer, el edificio de Fuencarral no ha pasado la Inspección Técnica de Edificios y la Consejería de Salud, ante la falta de recursos, ha decidido cerrar el centro, derivando a los pacientes al Hospital de La Paz,  a Peñagrande y a otros centros de la zona.

Creemos que el Ayuntamiento de Tres Cantos tiene que velar por la salud de sus vecinos, y debe plantear a la Consejería de Sanidad la posibilidad de convertir los centros de atención primaria también en Centro de Especialidades, especialmente el centro ubicado en el Sector Embarcaciones, al entender que reúne las características necesarias para este fin.

Esto supondría una mejor atención a los ciudadanos tricantinos y no implicaría un mayor coste, pues no estamos planteando la creación de un nuevo edificio para este fin.

Pensamos que si se optimiza el uso del los centros de atención primaria, es perfectamente posible atender muchas más especialidades de las que ahora se atienden, pero que tienen importante demanda en Tres Cantos.

Esta posibilidad ya había sido contemplada en nuestro programa electoral por entender que con ello mejoraría la calidad del servicio sanitario y no requiere un nuevo edificio, ni personal adicional en recepción, etc. Consideramos, por tanto, que se trata de una opción sensata y económica que podría ser implementada en Tres Cantos.

Para contemplar esta posibilidad debe ser tenido en cuenta que Tres Cantos va a crecer de forma notable los próximos años, llegando a una población del entorno de los 60.000 habitantes. Pensamos que una población de ese tamaño justifica la existencia de un verdadero Centro de Especialidades Médicas.

Haciendo un análisis de la demanda existente (que entendemos puede ser realizada sin ningún problema por el Hospital de La Paz) se puede determinar la cantidad de consultas y frecuencia de las mismas para cada especialidad.

Se trata de ir completando el número de especialidades que son atendidas directamente en Tres Cantos.

ACUERDOS

El excelentísimo Ayuntamiento de Tres Cantos acuerda instar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid lo siguiente:

1. Que teniendo que cerrar el Centro de Especialidades Médicas de Fuencarral, centro en el que han venido siendo atendidos los ciudadanos tricantinos, aprovechando las infraestructuras existentes en los dos centros de salud de Tres Cantos, traslade a los médicos de las especialidades más demandadas, como pueden ser: Aparato Digestivo, Alergología, Cardiología, Citología, Ecografía Especializada, Endocrinología, Logopedia y Logofoniatría, Psicología, Neumología, Neurología, Otorrinolaringología, Reumatología y Urología a los centros de salud de Tres Cantos. Preferentemente al Centro de Salud del Sector Embarcaciones, pues estimamos que reúne las condiciones necesarias para prestar estos servicios, aprovechando de esta forma la infraestructura y recursos existentes.
2. Que se haga un estudio, para adaptar la frecuencia de las consultas a la demanda existente. Se trata de ofrecer el mejor servicio, pero sin despilfarro.
3. Pedimos también, que aquellas especialidades médicas de uso menos frecuente, los tricantinos seamos preferentemente atendidos en las consultas externas del Hospital La Paz.
4. Que teniendo en cuenta la evolución de la población de Tres Cantos, que se va a producir los próximos años, como consecuencia del desarrollo del sector AR Nuevo Tres Cantos, que hará que la población se acerque a los 60.000 habitantes, se plantee la necesidad de dotar a este municipio de un verdadero Centro de Especialidades Médicas

La grave situación económica por la que atraviesa nuestro país ha multiplicado las situaciones de especial vulnerabilidad de muchos ciudadanos españoles. Una de las más graves es, sin duda, la de quienes sufren la ejecución de la hipoteca sobre su vivienda. A diferencia de las empresas y sociedades, las personas no pueden liberarse de sus deudas con las entidades bancarias entregándoles los bienes de los que son titulares, como la vivienda hipotecada, sino que se ven obligados a pagar el resto de su deuda hipotecaria con cualquier ingreso o bien futuro que adquieran tras perder su casa. Tal situación comporta una grave discriminación para los ciudadanos individuales, indefensos ante consecuencias de la crisis económica como la pérdida del empleo y el descenso del valor de mercado de su propiedad pero no de su deuda hipotecaria, sobre todo teniendo en cuenta que, para la gran mayoría de las familias españolas, la vivienda es la mayor inversión de su vida, a la que dedican la mayor parte de sus ingresos y ahorros.

El incremento meteórico del desempleo como consecuencia de la crisis es la causa de que muchas familias no puedan hacer frente a las obligaciones de una hipoteca bancaria sobre un bien, su casa, que en muchos casos tiene en la actualidad un valor de mercado menor que el de la adquisición. Además, la legislación vigente en materia hipotecaria concede al acreedor una evidente posición de ventaja al tolerar la manipulación del precio de mercado de la vivienda con diferentes argucias. Esto ha conllevado el aumento de los desahucios por ejecución de hipoteca, sin que la deuda quede amortizada. Por el contrario, tras la pérdida de la vivienda la hipotecada es la vida laboral de esas personas: el sueldo que les corresponda si trabajan por cuenta ajena, y su derecho a adquirir nuevos bienes o iniciar un negocio. Ello reduce sus oportunidades de recuperación económica, profesional y laboral, con graves consecuencias en todos los órdenes personales, pero también en la recuperación económica del país y en su cohesión social.

 

Por estos y otros motivos UPyD ha presentado una Proposición de Ley sobre este asunto en el Congreso de los Diputados y, en el ámbito municipal, también nos ha parecido oportuno presentar una moción instando al gobierno de la nación a legislar en este sentido.

 

 

Las principales medidas que proponemos son:

 

1.- Modificación de la legislación concursal para establecer el sistema conocido como «fresh start», de modo que una vez ejecutado todo el patrimonio embargable del deudor, la deuda restante quede cancelada por decisión judicial sin necesitar el consentimiento del acreedor.

 

2.- Establecimiento de cauces de mediación previos a la solicitud de concurso o la situación preconcursal, para que el deudor propietario de la vivienda y la entidad financiera puedan llegar a un acuerdo que le permita a aquél mantener la posesión de la casa y evite la ejecución de la vivienda. Estos cauces de mediación podrán ser de competencia municipal.

 

3.- Modificación de la legislación hipotecaría para evitar que el acreedor se apropie de la finca hipotecada por un precio inferior al de mercado, elevando el porcentaje sobre la tasación de la escritura que permite al acreedor quedarse con la vivienda si no hubiera postores en la subasta.

 

4.- Facilitar las operaciones de DACION EN PAGO de la finca hipotecada a la entidad acreedora en los créditos hipotecarios ya celebrados que no la prevén exonerando al deudor de su obligación de tributar por “incremento patrimonial” en el IRPF. Es artificioso e injusto gravar unas ganancias supuestas, en realidad inexistentes, pues el deudor  se ve obligado a entregar su vivienda al acreedor por imposibilidad de hacer frente a los pagos de la hipoteca, en muchos casos agravados por la aplicación de elevados intereses de demora.

 

5.- Modificación de la legislación hipotecaria para establecer la DACION EN PAGO como regla general de extinción de un crédito hipotecario para la adquisición de la vivienda habitual. A falta de estipulación expresa en contrario en la escritura de constitución, la responsabilidad derivada del préstamo hipotecario se entenderá limitada al valor de la finca hipotecada.

Unión, Progreso y Democracia de Tres Cantos felicita a los tricantinos por la alta participación en las elecciones del día 20 de noviembre. Como en ocasiones anteriores, y a pesar del mal tiempo, los tricantinos han demostrado una vez más, con una alta participación cifrada en el 81,78 %, que sí les interesa la política y que no son indiferentes ante las diferentes alternativas que se presentan.

UPyD, quiere agradecer a todos aquellos que nos han prestado su voto, y deseamos enviarles el mensaje de que no les defraudaremos. Unión, Progreso y Democracia defenderá los intereses de todos los españoles en el Congreso de los Diputados y no sólo de sus votantes, como ha venido haciendo hasta la fecha.

En nuestro afán por ser transparentes, UPyD quiere transmitir a la población que hemos superado, en Tres Cantos, todos los registros anteriores.

Siguiendo la estela de Tres Cantos, una gran cantidad de municipios de la CAM se han acercado y algunos han superado el 10%, lo que ha determinado que el voto del UPyD en la Comunidad de Madrid haya llegado a la cifra de 346.122 votos que representa el 10,29%.

Con estos resultados, si fueran extrapolables, llegaríamos a la conclusión que UPyD tendría 3 concejales en el Ayuntamiento, aunque el PP conservaría la mayoría absoluta, pues obtendría 11 concejales.

¡Muchas gracias! ¡Y felcidades al Partido Popular!

Unión, Progreso y Democracia es consciente de la grave situación financiera en la que se encuentran muchos ayuntamientos; también en Tres Cantos, aunque nuestra situación no sea tan desesperada como en otros municipios. Eso hace que para poder realizar unos presupuestos realistas en 2012, haya que actuar en un doble frente: incrementando la recaudación a través de los impuestos, tasas y precios públicos y haciendo un ejercicio de austeridad para intentar reducir los gastos y de esa forma intentar ajustar los gastos a los ingresos.

La situación que padecen la mayoría de ayuntamientos tiene su origen en las siguientes causas: una acusada disminución de ingresos provenientes del sector inmobiliario, que hace que la recaudación a través del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO) se haya reducido de forma notable, (aunque, a decir verdad, no de forma tan acusada en Tres Cantos, al tener en marcha el desarrollo del Nuevo Tres Cantos) y, por otra parte, la disminución de los ingresos por transferencias de otras administraciones, fundamentalmente del estado y de la comunidad autónoma. Los primeros como consecuencia de la reducción de ingresos por parte del estado, que se traduce automáticamente en una reducción de las transferencias a los ayuntamientos. En el caso de las comunidades autónomas, al encontrarse, ellas mismas, en una situación de graves dificultades, hace que restrinjan al máximo las transferencias hacia los ayuntamientos al tratarse de transferencias no incondicionadas. Esto pone en situación de dificultad a la mayoría de los ayuntamientos que ven cómo se reducen sus ingresos y se imposibilita el hacer frente a los gastos. También ha ocurrido que, a veces, los ayuntamientos, en época de bonanza, se embarcaron en proyectos que a día de hoy tendrían difícil justificación.

Si nos fijamos en los ingresos de los ayuntamientos vemos que los ingresos propios se regulan a través de las ordenanzas fiscales que, año a año, se revisan en fechas anteriores a la confección del presupuesto y que van a determinar la cuantía de los ingresos. Obviamente, cada partido político, atendiendo a su ideología, carga las tintas sobre uno u otro impuesto; pero es necesario que los partidos políticos realicemos un ejercicio de realismo huyendo de la demagogia que lo único que persigue es transmitir mensajes que llegan a la población pero que no resuelven los problemas. Nosotros queremos aportar ideas sensatas que contribuyan a hacer frente a los problemas y buscar soluciones.

En esa línea, en el último Pleno, UPyD hizo un par de de propuestas novedosas:

La primera fue incrementar el IAE para que la recaudación no gravite en exceso sobre el IBI. Afortunadamente en Tres Cantos tenemos un tejido empresarial de grandes empresas que son las que pagan este impuesto (no lo pagan aquellas cuya facturación es menor al millón de euros), entendiendo que una subida moderada en este impuesto permitiría incrementar la recaudación. Nuestra propuesta consiste en incrementar, a dichas grandes empresas, un 5% el coeficiente; lo que haría que contribuyeran un poco más a soportar las cargas del ayuntamiento en el que desarrollan su actividad. Para ellas no se ha tenido en cuenta el efecto de la inflación.

La segunda propuesta consistió en la reducción de un 10% de la tasa por la Licencia de Actividad para microempresas que, como Uds. saben, tienen que pagar las empresas cuando inician su activad. UPyD entiende que en las circunstancias actuales, con una tasa de paro tan elevada, es poco oportuno incrementar los tributos que dificulten el inicio de actividad para aquellos emprendedores de los que estamos tan necesitados y, menos aún, hacerlo en al inicio de la actividad, cuando las nuevas empresas  tienen menos capacidad para hacer frente a los gastos.

Por otra parte  y, una vez más, ante la insistencia del grupo de gobierno de que no sube el Impuesto de Bienes Inmuebles, tenemos que explicar lo que ocurre con IBI en Tres Cantos.

Unión, Progreso y Democracia pide al partido en el gobierno que no diga medias verdades; es verdad que al aprobar la ordenanza se mantiene el tipo impositivo o tipo de gravamen, pero ocurre que, como consecuencia de la revisión catastral de las viviendas realizada en el año 2009, subió el valor catastral de las mismas de forma muy notable. Según fuentes consultadas, en Tres Cantos el incremento medio del valor catastral fue del 158%. Teniendo en cuenta cómo se calcula la cuota integra a pagar, que es aquella que pagamos en el recibo del IBI la mayoría de los ciudadanos, salvo aquellos que tengan derecho a algún tipo de bonificación, verán Uds. cómo se incrementan los recibos a pagar los próximos años.

Sobre este impuesto es curioso observar cómo el partido en el gobierno modificó el tipo de gravamen a aplicar en el año 2010 (primer año de aplicación del los nuevos valores catastrales), con lo que el efecto en 2010 fue el de un incremento moderado, para evitar seguramente que tuviera repercusiones electorales, pero que una vez ratificada su mayoría absoluta en las elecciones locales viéramos a los pocos días cómo subía el recibo a pagar y, si no se hace nada, lo seguirá haciendo los próximos años, si se mantiene el tipo de gravamen y no se modifica el valor catastral, se traducirá en incrementos anuales muy por encima del Indicie de Precios al Consumo (IPC). Recordemos que el Ayuntamiento podría solicitar una nueva revisión a los 5 años. Recordemos también,  que el Ayuntamiento tiene la potestad de bajar hasta el 0,1% el tipo impositivo los seis primeros años de la revisión catastral. Tampoco hay que ignorar que el valor catastral también tiene efecto sobre los impuestos estatales, el IRPF, por ejemplo. Por eso vamos a ilustrar cómo se calcula la cuota utilizando un ejemplo real y podremos ver cómo evolucionarán los recibos en años sucesivos, en el supuesto de que no se modifique el valor catastral y no se cambie el tipo de gravamen.

Vamos a tratar de explicar cómo opera este impuesto (con un ejemplo que es un caso real), y calcular cómo van a evolucionar los recibos de los próximos años si no se toman medidas.

Ésta  es la forma de calcular el recibo a pagar:

La base imponible = Valor Catastral

Base liquidable (año n) = Base imponible (año n) – (CRn x DVC)

CRn es el Coeficiente Reductor anual.

DVC es la Diferencia de Valores Catastrales.

Cuota Íntegra (año n) = Base liquidable (año n) x Tipo impositivo (año n)

La cuota íntegra sería la cantidad a pagar, salvo que tengan derecho a algún tipo de bonificación.

Mediante una tabla y una gráfica podemos ver la evolución de los próximos recibos que nos pasarán al cobro.

Vemos cómo el IBI de este inmueble pasó de 357,17 € en el año 2009 y llegará a 471,68 € en el año 2012 para acabar, en el año 2019, en 823,34 €.

A Uds. les dejo que digan si, en su opinión, sube o no el Impuesto de Bienes Inmuebles.

Eso es lo que se parece la liquidación al presupuesto en el ayuntamiento de Tres Cantos. Para ilustrar lo dicho basta tener acceso a la información del presupuesto y compararla con la liquidación. Es más, éste es tan solo un ejemplo de lo que ha venido ocurriendo los últimos años.

Nosotros pedimos, en la última moción presentada al Pleno sobre transparencia, que se hicieran públicos, en la web del ayuntamiento, los presupuestos, sus detalles, la ejecución,  las liquidaciones, los ratios más relevantes, etc. Nos parece oportuno dar a conocer, por ejemplo, que el plazo medio de pago a proveedores a finales de 2010 era de 186 días.

¿Por qué sacamos esto a la luz? Por varios motivos: el primero, porque queremos que en las administraciones exista transparencia para que todos los vecinos sepamos lo que se hace con nuestro dinero y a qué se destina; el segundo, porque queremos hacerle una llamada de atención al grupo de gobierno y decirles “señores esto no es un buen ejemplo de como hacer los presupuestos”. Pretendemos poner el foco en aquellas formas, procedimientos o comportamientos que no son adecuados y, con ello, perseguimos su erradicación.

En Unión, Progreso y Democracia pensamos que los presupuestos son los elementos fundamentales para realizar las políticas en el ámbito municipal. Deben ser una herramienta de planificación y control. ¿Cómo podemos ejercer el control con unos datos de partida tan mal elaborados? Pedimos que para su confección se utilice la metodología del presupuesto base cero, lo que va en contra del procedimiento habitual, que podríamos llamar “incrementalista”; es decir, lo mismo que el año pasado más un incremento de una determinada cuantía. Ese procedimiento exige un modelo de organización, un análisis de costes riguroso, la fijación de unas políticas de gasto, de unas líneas maestras, etc. El método que ponemos sobre la mesa exige un mayor esfuerzo, exige coordinación, está basado en un análisis realista y en profundidad partida por partida, que nos conducirá a la elaboración del presupuesto. Pensamos, no obstante, que la actual Concejala de Hacienda es más sensible a las propuestas de la oposición, más receptiva y, esperemos, que eso se traduzca en unos presupuestos mejor elaborados, que contemplen hipótesis realistas y no meramente “voluntaristas”.

¿Cómo es posible que se cierre la cuenta general con un balance y una cuenta de resultados, si no se tienen un inventario real del patrimonio del Ayuntamiento? ¿Cómo se calculan las amortizaciones? Éstas y otras muchas preguntas deberían ser respondidas a la mayor brevedad.

Para ilustrar lo que decimos hemos puesto en una tabla el presupuesto del año 2010 (que, ya decimos, es sólo un ejemplo), con los datos del presupuesto y la liquidación del mismo. También nos ha parecido muy ilustrativo sacar a la luz los números de algunas de las partidas y sus desviaciones para darlo a conocer y preguntar ¿cómo es posible que se haga tan mal? Sólo hemos recogido, en este segundo cuadro, algunas de las partidas más importantes por su cuantía, por sus desviaciones y, algunas, por su especial significado.

Cualquier ingreso sobre el que nos fijemos, IBI por ejemplo. ¿Es que no somos capaces de calcular cuánto vamos a ingresar por este concepto? ¿Crece el número de casas de la noche a la mañana? Algo parecido podemos decir del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) ¿Es que los tricantinos nos hemos vuelto locos y vamos a comprar un montón de coches? Éstos son sólo unos ejemplos de cómo se han realizado los presupuestos en nuestro municipio.

Nos interesa también resaltar las diferencias en las transferencias del estado, de la Comunidad Autónoma de Madrid y de la Unión Europea. ¿Aplicamos el principio de prudencia al elaborar los presupuestos? Todo parece indicar que no es así. Es importante fijarse en esto último para entender las necesidades que tiene el Ayuntamiento de nuevos ingresos que compensen las caídas de las transferencias ¿Para cuándo una nueva Ley de Financiación de las Haciendas Locales? Con esto simplemente hemos querido hacer saber a los tricantinos lo que ocurre, y hacer un llamamiento al grupo de gobierno del Partido Popular, pidiendo un mayor esfuerzo: de análisis, en la ejecución y de explicación que sin duda redundará en una mejor gestión de los asuntos municipales.

También es interesante que nos fijemos en las cuantías y en las desviaciones en los capítulos de gastos, como: los de personal, energía eléctrica, agua y gas, servicios de telecomunicaciones, trabajos realizados por otras empresas o en los destinados a causas benéficas o asistenciales, etc.

 

 

Por último, no queremos finalizar este artículo sin hacer un llamamiento al grupo de gobierno, invitándole a reconsiderar su forma de proceder desde el punto de vista presupuestario.

 

Llevábamos anunciándolo desde las elecciones y aquí están, después de que no hayan sido aprobadas por el pleno, nuestras dos mociones de transparencia y austeridad para que podáis consultarlas. También podéis preguntarle a Fernando sobre ellas en el próximo UPyDía, que será el jueves 27 de octubre, como siempre en el despacho del ayuntamiento durante toda la mañana

Iniciativa de UPyD por la austeridad en las administraciones

autonómicas y locales

 

Unión, Progreso y Democracia presentó en abril del año pasado un informe “El coste del Estado Autonómico” relativo a su sobrecoste, en el que además de analizar las duplicidades y redundancias de la Administración Autonómica realizaba propuestas concretas para contener sus ineficiencias (que se cifraron en unos 26.000 millones de euros al año). En mayo de ese año UPyD prese

ntó en el Congreso de los Diputados una interpelación urgente al Gobierno que dio lugar a una moción en la que le instaba a utilizar todas sus competencias constitucionales para recortar el gasto autonómico superfluo en orden a corregir las duplicidades, las ineficiencias y la falta de transparencia de las CC.AA. y garantizar así la viabilidad, la sostenibilidad y la autonomía de España. Esta iniciativa no fue apoyada por los demás grupos políticos representados en el Congreso.

 

Más adelante UPyD presentó un estudio sobre la eficiencia municipal que concluía que podrían hacerse importantes ahorros anuales mejorándola, (unos 6.211 millones de euros). De la misma forma que podrían lograrse cuantiosos ahorros a través de la fusión de municipios mejorando al tiempo los servicios públicos básicos que deben prestar esas administraciones locales a los ciudadanos.

 

Tras las elecciones del 22 de mayo, UPyD tiene representación en más de noventa municipios de España y en dos de sus comunidades autónomas y va a plantear en ellos una iniciativa común por la austeridad en las administraciones locales y autonómicas. Con la necesaria adecuación tanto a la situación particular de Tres Cantos como al programa electoral con el que Unión, Progreso y Democracia concurrió a las pasadas elecciones municipales en nuestra localidad.

 

Por todo ello, instamos a Ayuntamiento de Tres Cantos y el Grupo de Gobierno a poner en marcha las siguientes iniciativas:

 

1.        La eliminación de entes duplicados, prestando especial atención en una primera fase urgente de actuación, a los siguientes:

1.1.  La supresión de todos los observatorios autonómicos y locales, pues no se puede compartimentar la observación, dejando, si se considera estrictamente necesario, y bajo la precisa evaluación de resultados, uno estatal por área con participación autonómica y local en su caso.

1.2.  La introducción de criterios de economía de escala para la administración local. Por ejemplo, en compras de material, sistemas informáticos para facilitar la interconexión y la administración electrónica, en deuda pública, etc.

2.        La eliminación de entes, empresas, sociedades, fundaciones públicas y sociedades participadas.

2.1.  La publicación de todos los entes, empresas, sociedades, fundaciones públicas y sociedades participadas de los entes locales y de su situación económico-financiera.

2.2.  La evaluación de todos ellos. La supresión de los que hagan funciones redundantes respecto de la administración ordinaria, la fusión de las que hagan funciones comunes y deban mantenerse, de forma que se conserven aquellos estrictamente imprescindibles. La realización de un informe de evaluación de necesidad, para la creación de uno nuevo, que será público y accesible a los ciudadanos.

2.3.  Los procedimientos de selección de sus directivos serán públicos y transparentes. Asimismo se harán públicos los currículos que presenten todos los aspirantes.

2.4.  Las retribuciones dinerarias, blindajes en su caso, retribuciones en especie y funciones serán públicos y transparentes a través de la web municipal.

2.5.  Asimismo, se presentará anualmente un informe de gestión y rendición de cuentas personalmente ante el Pleno del Ayuntamiento. Este informe debe de ser público, transparente y accesible a través de la web municipal.

3.        Evaluación de políticas públicas, simplificación y racionalización de la estructura administrativa.

3.1.  La evaluación, partiendo de presupuesto base cero, por órganos independientes y no por los directivos de los órganos afectados, de todas las políticas públicas locales para suprimir aquellas superfluas y redirigir los recursos hacia los servicios esenciales o a reducir el déficit y deuda.

3.2.  La evaluación de la estructura administrativa del Ayuntamiento. La supresión de sus órganos redundantes, con la simplificación de los niveles administrativos y la adecuación a sus competencias esenciales.

3.3.  La eliminación y, en su caso, reducción de los órganos y consejos asesores uno a uno por concejalía.

 

4.        Personal eventual.

4.1.  La evaluación de las necesidades reales de personal eventual (cargos de confianza) y que sólo se contrate aquellos estrictamente necesarios limitados a los concejales y alcaldes, y siempre que un empleado público de otra naturaleza no pueda realizar esa función.

4.2.  Que los datos del número de puestos abiertos a personal eventual sean públicos, y que sea objeto de sanción ocultar o falsear datos a estos efectos. Se publicarán igualmente el currículo y funciones de cada personal eventual.

4.3.  Que la Intervención del Ayuntamiento analice anualmente si el personal contratado para una empresa o sociedad pública realiza trabajos para otro departamento, organismo o concejalía.

5.        Reducción del gasto corriente y de funcionamiento

5.1.  La eliminación de los coches oficiales asignados de forma personal, de manera que queden exclusivamente aquellos imprescindibles para realizar las tareas institucionales, que se integrarán en un parque móvil común.

5.2.  La prohibición de la externalización de servicios públicos en aquellas funciones inherentes a la labor de la administración pública (informes, actividad legislativa, etc.), limitándose en su caso a funciones accesorias (limpieza, informática…), siempre bajo justificación acreditada y control posterior a cargo de la intervención.

5.3.  La publicación del coste del alquiler o la remodelación de despachos u oficinas.

5.4.  Limitar la publicidad del ayuntamiento en los medios de comunicación. La publicidad se limitará a los asuntos en los que se tiene la intención de captar inversiones o apoyos que redunden en beneficio del municipio, o en aquellos casos en que la ley obligue a su uso. El resto de publicidad y comunicaciones quedarán circunscritas al tablón de anuncios, página Web del ayuntamiento o comunicación vía correo electrónico o SMS a aquellos ciudadanos que faciliten sus datos para dicho fin.

 

 

 

 

 

Iniciativa de UPyD por la transparencia en las administraciones

autonómicas y locales

 

 

Poco antes de las elecciones municipales Unión, Progreso y Democracia presentó una Proposición de Ley Orgánica  para garantizar la transparencia en las Administraciones Públicas y luchar contra la corrupción.

0

UPyD entiende la función del político como una representación temporalmente concedida por el ciudadano para la gestión de los asuntos, sus asuntos, por lo que tal función debe ser desarrollada desde la observancia de la máxima lealtad a quien concedió dicha representación. Pero se ha de llamar la atención acerca de que esa máxima lealtad con el ciudadano la habrá de ser con todos ellos, esto es, con aquellos que votaron por nuestra formación política y con aquellos otros que, en el libre ejercicio de su derecho, optaron por otras de las opciones posibles.

 

Transparencia y corrupción son dos términos que con inusitada frecuencia se ven indisolublemente ligados: a menor transparencia mayor posibilidad de corrupción y, evidentemente, cuanto más corrupta pueda resultar una actuación de los representantes públicos, una menor transparencia se habrá de constituir como colaborador necesario del corrupto. El concepto es, pues, claro: a mayor transparencia menor posibilidad de corrupción.

 

Y en la época de la libertad de información, del imperio de los medios tecnológicos, no existe ninguna imposibilidad para que toda la actuación de cualquier administración no pueda darse a conocer a los administrados de forma absolutamente sencilla y accesible. Los recursos administrados  son de los ciudadanos, los fines perseguidos no pueden ser otros que el bien común, y los medios para la consecución de tales fines no pueden nunca constituirse en un secreto únicamente conocido por lo que desgraciadamente ha venido en denominarse “clase política”.

 

Por ello, porque la disponibilidad de la información, de toda la información, es un derecho inalienable del ciudadano, del vecino, es por lo que la misma debe estar a su disposición. Y esa transparencia debe ser “ofrecida” incluso antes de que sea “reclamada”, esto es, no se trata sólo de que el vecino pueda obtener respuesta a determinado requerimiento informativo sino, antes bien, de que tal información se encuentre total y absolutamente disponible (dentro, lógicamente del respeto a la ley) para cualquier vecino a quien pudiera interesar su conocimiento, y pueda ser obtenida sin requerimiento alguno.

 

Con la necesaria adecuación tanto a la situación particular de Tres Cantos como al programa electoral con el que Unión, Progreso y Democracia concurrió a las pasadas elecciones municipales en nuestra localidad.

 

Por todo ello, instamos al Ayuntamiento y al Grupo de Gobierno a poner en marcha las siguientes iniciativas:

 

1.       Los plenos y comisiones se retransmitirán al menos por Internet.

 

2.       La adopción de las medidas necesarias para la implantación de la administración electrónica, con sistemas informáticos comunes que permitan la implantación de la ventanilla única.

 

3.       Presupuestos públicos.

 

3.1.  La publicación a través de Internet (en particular en la Web municipal), de forma inteligible, de los presupuestos consolidados de todo el sector público (el Ayuntamiento, Fundaciones, organismos públicos, entidades públicas empresariales, sociedades públicas y cualquier ente público que dependa del Ayuntamiento, desde su elaboración hasta su liquidación.

 

3.2.  El análisis  y explicación de las desviaciones entre lo aprobado en el presupuesto y lo ejecutado. La publicación de forma inteligible en Internet de  la liquidación final y las auditorias que se hayan realizado, tanto la de la Intervención como la de Secretaría y tanto del Ayuntamiento como de las empresas municipales.

3.3.  Que se fijen y se publiquen indicadores que permitan evaluar la eficacia y la eficiencia de los recursos empleados.

3.4.  Partiendo de la opacidad con la que se han desarrollado sus tareas, que se realice inmediatamente una auditoria externa independiente del Ayuntamiento así como de su sector público respectivo y de las empresas participadas para conocer su situación económica-financiera real.

4.       Subvenciones públicas.

4.1.  La publicación en Internet, de manera fácil e inteligible para los ciudadanos, de todas las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento y organismos públicos a las personas físicas y jurídicas. Que el Ayuntamiento publique en su Web las que haya concedido, con sus correspondientes cantidades y referencia nominativa de sus beneficiarios, que debe estar siempre actualizada. Que se publiquen igualmente los procedimientos y criterios de concesión de todo tipo de subvenciones y ayudas.

4.2.  Que la eficacia de las subvenciones sea objetivamente evaluada, comprobando el cumplimiento de los fines para los que fue concedida y que esta evaluación sea publicada en la Web correspondiente. En la concesión de dichas subvenciones se procurará el máximo consenso municipal, siendo su cuantía limitada a un tanto por ciento del presupuesto de la subvencionada.

4.3.  La publicación de los supuestos en que los beneficiarios hayan sido obligados a devolver subvenciones por incumplimiento.

5.       Retribuciones, funciones y organigramas.

 

5.1.  Establecimiento de baremos con sueldos máximos para el alcalde y concejales en función de la población de Tres Cantos y su evolución futura, así como de otras variables como pueden ser la existencia o no de deuda, del presupuesto, del presupuesto por habitante, del nivel de renta, de los ingresos como consecuencia de la existencia de un buen tejido empresarial, etc., tomando los sueldos de la administración central como referencia.

 

5.2.  La publicación de las retribuciones de los cargos públicos locales y de los cargos directivos de los sectores públicos respectivos, además de en los correspondientes boletines oficiales, en la página Web municipal, en lugares fácilmente accesibles e inteligibles. Esta información debe abarcar, además de la retribución monetaria, todas las retribuciones en especie o gastos de representación  asociadas al cargo. (Por ejemplo, debe recogerse también la existencia o no de coches oficiales, gastos de protocolo, etc. y su cuantía).

 

5.3.  La publicación del organigrama, con las funciones de los cargos públicos y directivos del Ayuntamiento y su sector público, en el que figuren los nombres y apellidos de las personas responsables, sus datos de contacto.

 

5.4.  La publicación con una actualización al menos trimestral del número y clase de los empleados públicos y trabajadores del sector público local y el organismo para el que prestan servicios.

 

6.       Contratación administrativa.

 

6.1.  Que el Ayuntamiento siga en la contratación administrativa las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Competencia. Y que opte por aquellos procedimientos de contratación que permitan mayor transparencia, publicidad y competencia entre licitadores.

¡Lo prometido es deuda! A partir de ahora, todos los últimos jueves de cada mes podreis pasaros por el despacho de Fernando en el ayuntamiento para consultar con el cualquier duda que tengais. Él os responderá encantado durante toda la mañana de esos jueves. El primero será el día 29. ¡Os esperamos!